Dispara primero, Pregunta después, ¿Una Ley que permite homicidios justificados?

kolabora“Durante la noche se produjeron altercados que llamaron la atención de los vecinos y por la mañana una vecina avisó al servicio de emergencias 112 que movilizó a las fuerzas del orden. Según la familia, los agentes fueron advertidos de que su familiar sufría un trastorno bipolar”.
 
“El músico se encontraba el mediodía de aquel miércoles muy nervioso por la presencia de los agentes en su vivienda”. 
 
“Uno de los sanitarios que acudió al lugar ha señalado que solo estaba él con los agentes en el interior de la vivienda cuando se produjo el disparo. La familia sostiene que hay otro testigo llamado Pablo que indicó al guardia que no montase el arma al ver que lo estaba haciendo”.
 
“El ex-batería (Javier Fernández) del grupo musical “Los Piratas” falleció tras un disparo producido por un agente policial”.

En 2012 La muerte impune de un joven negro desarmado, baleado por ser “sospechoso” cuando caminaba a casa de su padre en Florida (EEUU), es solo el caso más sonado que propició una permisiva ley sobre el uso de armas, que establece que los homicidios en defensa propia son justificados.
La aparente impunidad del vigilante Geoge Zimmerman en la muerte del adolescente Trayvon Martin dio a los ciudadanos de Florida el derecho a disparar a cualquier persona percibida como una amenaza a su seguridad en un lugar público. Sus detractores sostienen que la ley habilita a los ciudadanos, en caso de una simple discusión, “a disparar primero y preguntar después”.
La ley establece que “no se puede arrestar a nadie a menos que se determine que hubo una causa probable de que el disparo fue ilegal”, afirmó la policía de Sanford en su intento por justificiar la ausencia de detención y acusación contra Zimmerman, quien disparó a Martin cuando caminaba encapuchado bajo la lluvia hacia la casa donde se encontraba su padre.
Un sondeo realizado por el grupo de medios Tampa Bay Times de Florida, divulgado el viernes, determinó que en los primeros cinco años de la entrada en vigor de esta ley, se invocaron 93 veces “homicidios justificados”, pero en el último año y medio se han sumado al menos 37 más. Estas cifras muestran que se triplicaron las muertes por defensa propia según los registros en el Departamento de Seguridad Pública de Florida.

Sus defensores sostienen que la ley está funcionando al permitir a los ciudadanos protegerse de cualquier daño sin preocuparse por la legalidad durante el ataque. La interpretación de esta ley provocó que el pasado 26 de febrero Zimmerman quedara libre, cuando al lado del cuerpo de Martín, un chico negro de 17 años, justificó sus actos argumentando que estaba siendo atacado. Pero la divulgación de las llamadas al teléfono de emergencia, donde no se revela ataque alguno, ocasionó la ira de la sociedad ante un caso confuso, donde se sospecha que imperó el prejuicio racial.
¿El caso de Javier es similar al caso de Martín? En ambos casos hubo prejuicios, con Javier  hacia la enfermedad mental, y racistas con Martín. La Ley ampara los disparos con el “en defensa propia o legítima defensa”. Los agentes policiales pudieron decidir y decidieron, sabiéndo y sintiéndose protegidos, sin pensar que delante suyo trataban con una persona que si hubiese tenido la mínima oportunidad (La De Decidir), tenia el derecho y debía decidir. En el caso de Javier ¿Alguien le preguntó o planteó otra alternativa al uso de la violencia? ¿Agentes policiales con sus uniformes, porras y pistolas es la ayuda necesaria, útil, eficaz y terapéutica? Por mi experiencia como enfermero, si sólo con llevar guantes al visitar a un paciente en su habitación, tiemblan de miedo…
La legítima defensa tiene una serie de requisitos, imprescindibles para ser reconocida como tal por parte del ordenamiento jurídico estatal. Esos requisitos, son los siguientes (artículo 8 número 4º del Código Penal español):
1. Tiene que existir una previa agresión ilegítima. ¿La hubo, objetivable?
2. Necesidad racional del medio empleado para repeler tal agresión. ¿Una pistola es racional?
3. Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. ¿Hubo provocación, objetivable?

Es bochornoso, injusto y falta a los Derechos Humanos que defendamos el uso de la violencia a través de una Ley. Sobretodo en los casos donde la víctima está en inferioridad de oportunidades para decidir y discriminada socialmente relacionando violencia con enfermedad mental. Una víctima que no se le respeta los derechos fundamentales como es la aplicación de cuidados eficaces y un trato digno, priorizando, y más, gracias a casos como este, la protección y la defensa de las personas que sufren un problema mental.  “La Ley de Florida llega a España”.

Cómo defender nuestros derechos en el marco de la convención de derechos de las personas con discapacidad: Herramienta útil dirigida a la defensa de los derechos de las personas con problemas de salud mental. GUIA

Quiero compartir y suscribir el comunicado de la AEN “Una historia de violencia”
En las últimas semanas hemos asistido a una serie de acontecimientos trágicos en los que se han visto implicadas varias personas diagnosticadas de enfermedad mental. Fatalmente amplificada por la cobertura que de este tipo de sucesos realizan algunos medios de comunicación, la alarma social que generan estos casos potencia la errónea vinculación entre el diagnóstico de un trastorno mental y la predisposición a actuar de forma violenta.
A pesar de que numerosas investigaciones demuestran que el diagnóstico de un trastorno mental NO favorece la aparición de conductas violentas en un porcentaje mayor que en el resto de la población, y de que estudios recientes sugieren por el contrario que estas personas tienen una mayor probabilidad de ser víctimas que perpetradores de abusos y agresiones (véase, por ejemplo, H. Khalifeh et al. Violent and non-violent crime against adults with severe mental illness, The British Journal of Psychiatry, 2015, 206(4): 275-282), existe un sólido y muy extendido prejuicio según el cual las personas con un trastorno mental actúan de forma violenta e imprevisible, lo que conduce a comportamientos de miedo y rechazo hacia ellas. Todavía hoy, esta falsa creencia está hondamente arraigada en nuestra sociedad y condiciona no sólo el aislamiento social de estas personas y el tratamiento informativo de ciertos sucesos o la actuación puntual de las fuerzas de seguridad, sino también la orientación de unas políticas que, desgraciadamente, tienden más hacia el control y la contención que hacia el fomento de la recuperación y la vida en la comunidad.
De este modo, la ecuación entre enfermedad mental y violencia contribuye a generar más discriminación, exclusión social y sufrimiento del que ya padecen gran parte de estas personas, causando sentimientos de vergüenza y socavando su ya mermada autoestima y la confianza en sus posibilidades de llevar una vida más o menos normalizada. De hecho, muchas de ellas llegan a asumir de tal modo estos estereotipos, que creen que no merecen ni siquiera ser tratadas o vivir como el resto de los ciudadanos.
Desde la Asociación Española de Neuropsiquiatría-Profesionales de la Salud Mental, queremos mostrar nuestra gran preocupación por el daño que la circulación y la pervivencia de estos clichés, causa ante todo en las personas diagnosticadas, pero también en sus familias, amigos y en todos aquellos que trabajamos para intentar mejorar su bienestar.
Tal como se desprende de algunas informaciones recientes, nos preocupa especialmente la relación que se ha establecido en algunos casos entre el hecho de padecer una enfermedad mental, no tomar medicación y mostrar un comportamiento violento. Este planteamiento no solo tiende a cosificar a las personas tras su supuesto diagnóstico, sino que plantea un falso dilema, pues ni todas las personas con un trastorno mental precisan tratamiento farmacológico de forma permanente, ni la toma de medicación garantiza que no existan recaídas más o menos frecuentes, síntomas persistentes o un sufrimiento inveterado. Al reducir todas las opciones al tratamiento farmacológico, se desvirtúa una herramienta terapéutica que puede ser muy útil, pero que ni es infalible ni es la única que existe, generándose una expectativa simplista e injusta en torno a las circunstancias y las necesidades reales de estas personas.
En este sentido, nos parece especialmente importante denunciar la incompleta e inadecuada implantación de un modelo integral y verdaderamente comunitario de atención y apoyo a las personas con trastornos mentales graves, pues creemos que lo que más contribuye a su mejoría es poder desarrollar una vida normal, con acceso al trabajo, a un salario digno, a la vivienda y a ser tratados con comprensión y respeto. Y esto no se consigue con medicinas; se consigue a través del trabajo paciente y solidario de equipos multidisciplinares que coordinan y ponen en juego los recursos de la comunidad. Ciertamente, los recortes de los últimos años están haciendo desaparecer muchos estos equipos, pero la crisis actual de la asistencia psiquiátrica también se debe a la primacía de una ideología que individualiza los problemas, los descontextualiza y, en consecuencia, los reduce. Necesitamos, en suma, otro modelo en el que el respeto a la dignidad y la autonomía de la persona favorezca la toma compartida de decisiones; un modelo, en definitiva, en el que, gracias a la proximidad y a la creación de espacios comunes de diálogo y aprendizaje mutuo, las personas con un trastorno mental tengan otra perspectiva que la cronicidad y la exclusión.
Comprendemos que es difícil que la dinámica propia de los medios de comunicación y su exigencia de inmediatez, les permita prestar suficiente atención a la amplitud de matices y particularidades de cada caso en el que se encuentra implicada una persona diagnosticada de un trastorno mental –máxime cuando muchas veces se cuenta con muy pocos datos–, pero estamos firmemente convencidos de que huir de abordajes reduccionistas redundará en beneficio de todos.
Asociación Española de Neuropsiquiatría-Profesionales de Salud Mental (AEN-PSM)
Septiembre 2015
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